Lunes, 07 Noviembre 2016 00:00

Impsa desincorpora a 50 trabajadores de Tocoma por déficit de caja

 
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50 trabajadores de la argentina Industria Metalúrgica Pescarmona (Impsa), que laboraban en la construcción de la central hidroeléctrica Manuel Piar en Tocoma fueron enviados a sus casas, bajo el argumento de déficit de flujo de caja. Un grupo fue desactivado desde octubre, mientras que otro salió en noviembre, sin certezas de cuándo regresarán a la obra, que se ejecuta a paso lento desde julio de 2002.

Los trabajadores afectados prefieren reservar sus nombres, por temor a que la denuncia les perjudique aún más. Uno de ellos aseguró que la principal excusa de la medida es la falta de liquidez por problemas entre la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) e Impsa, “pero nos queda la incertidumbre de que no hay notificación formal y no nos aseguran ni quincena ni cestaticket”.

  Los desconcertados trabajadores atribuyen la medida a la falta de liquidez por problemas entre la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y la argentina Industria Metalúrgica Pescarmona (Impsa).  


El afectado explicó que la empresa maneja la figura de suspensión laboral, lo cual les genera incertidumbre, pues desconocen no solo la garantía de los pagos mensuales, sino también la cancelación de sus utilidades. “Tampoco nos dicen fecha de retorno y nos preocupa el destino de Impsa”.

Las dos grandes empresas que operan en Tocoma son la argentina Impsa a cargo de las obras electromecánicas y el grupo de capital brasileño, italiano y venezolano OIV (Odebrecht Venezuela, Impregilo y Vinccler), encargado de las obras civiles.

El contrato firmado entre Impsa y Corpoelec incluye el montaje de las 10 turbinas tipo Kaplan, pruebas en obra y puesta en marcha.

Sobre el estatus de los trabajos, los empleados señalan que actualmente están prácticamente paralizados, aunque las turbinas están ensambladas a la espera de la puesta en marcha, aseguran. “En los cinco años en la empresa es la primera vez que ocurre algo así, la obra está prácticamente parada”, dijo un trabajador del área de almacén, quien confiesa que se mantiene haciendo tigritos para sobrevivir, “haciendo marcos de ventana y protectores de aire”.

A juicio de otro trabajador de montaje eléctrico de Tocoma, la compañía juega a concretar la figura de suspensión laboral que, asegura, fue rechazada antes en el estado Bolívar, “pero intentan buscarla por Caracas y nos afecta (…) No tenemos certeza de si vamos a recibir las utilidades. No hay tampoco recursos para liquidarnos, entonces no tenemos certeza de nada”.

El trabajador cuenta que está fuera de la obra desde el 1 de noviembre, tras la notificación verbal del jefe del área, quien les informó que quedaría un reducido personal en Tocoma en una especie de plan de contingencia.

Correo del Caroní contactó a la división de Recursos Humanos de Impsa, para obtener la versión de la empresa sobre la situación actual, pero no han respondido a la solicitud de entrevista.

Más de 100 trabajadores de Uriaparí sin cobrar desde 2013

Los hechos de despidos en la construcción de Tocoma no son nuevos. En 2013, más de 300 trabajadores del consorcio Uriaparí, conformado por las empresas Consultores Occidentales, Deproex, Gerencia de Ingeniería, Inelmeca, Ingenieros Electricistas y Mecánicos y Y&V Ingeniería y Construcción, fueron desincorporados de la obra, arrastrando deudas laborales cuantiosas que hoy en día se mantienen.
Uno de los trabajadores afectados de la empresa inspectora de las obras de Tocoma, José Luis Alvarado, quien desde hace tres años lleva la batuta en las denuncias, sostuvo que la compañía ha cancelado las deudas gradualmente, pero más de 100 empleados no han recibido sus pagos aún.

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“Ellos hicieron una negociación con Corpoelec para comenzar a trabajar en agosto de 2015, pero no se pudo; luego se pasó la expectativa para enero de 2016 e hicieron unas negociaciones para extender el contrato bajo el compromiso de incorporar personal y pagar a los trabajadores”.

Sin embargo, en virtud de la crisis económica, no se logró concretar la negociación en cuanto al arranque de las labores de inspección, que corresponden a Uriaparí, por lo que no fueron canceladas las deudas en su totalidad ni reincorporados los más de 300 trabajadores.

En un derecho de palabra ante la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, Alvarado entregó pruebas y documentos en los que califica como una estafa planificada la acción del consorcio contra sus trabajadores, considerando que estiman que durante el período de 16 meses, contados a partir de octubre de 2013, el Consorcio Uriaparí percibió cuantiosos recursos económicos que superan en más de 220% la deuda chucuta que había estimado.

Precisan que la empresa recibió Bs. 759,9 millones en forma de valuaciones aprobadas por Corpoelec, estatal que no aplicó sanciones, medidas disciplinarias o acciones para garantizar el pago de las deudas con los trabajadores. Hasta julio de este año, 106 trabajadores no habían cobrado y 136 habían recibido pagos parciales.

Se esperaba que la primera unidad generadora de Tocoma estuviera en servicio a mediados de 2012. Tras 14 años en construcción, se desconoce aún la fecha de conclusión de la obra, cuyo retraso hunde más al colapsado sistema eléctrico nacional.

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